Antes de profundizar en este tema, definamos qué es una vivienda protegida. Cuando la comunidad autónoma en la que se encuentra esta vivienda verifica que se cumplen unos requisitos específicos, dimensiones y precio, se categoriza como protegida.

La vivienda protegida es más barata que una libre y está destinada a familias con ingresos inferiores a una cantidad determinada. A cambio, el promotor obtiene ayudas que compensan esta diferencia de precio.

Excesiva burocracia:

Sabiendo que estas viviendas ayudarían a miles de familias, ¿por qué hay tan poca oferta? Una de las principales razones que se nos planea es la gran cantidad de papeleo que los promotores tienen que cumplimentar.

Además, el plan de subvenciones no se ha modificado desde hace diez años, por lo que se considera “anticuada”. Los promotores, por su parte, prefieren un producto fácil y rentable, y desisten de las VPO. Falta de suelo:

Otra de los puntos a tratar es la falta de suelo en las grandes ciudades. Las personas con ingresos inferiores no pueden competir en el mercado cuando la demanda es más alta que la oferta.

Haya suelo o no, la vivienda de protección oficial es una necesidad y como tal se tendría que dar una salida para fomentarla.

La vivienda de protección oficial ayudaría, además, a los más jóvenes. Así, se daría la oportunidad de conformar su unidad familiar sin tener que recurrir a pisos compartidos.

Los Ahijones:

Conocedores de este problema, los Ahijones destina el 50% de las viviendas a VPO. Es decir, más de ocho mil oportunidades para familias con dificultades para encontrar una vivienda digna.

Actualmente, el desarrollo urbanístico se encuentra en labores de ejecución. Se tiene previsto empezar a la construir viviendas en 2020.